Ser yo mismo mi defensor

David Morales Romero, con D.N.I. 72609296K y domicilio a efecto de notificaciones en Calle Anea, N°4,4° I Torrenueva (18720) comparece en su propio nombre y derecho y como mejor proceda en Derecho ante el Consejo General del Poder Judicial, DICE:

Que por medio del presente escrito y al amparo del artículo 110.2.m) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, formulo la siguiente QUEJA de conformidad con las siguientes

MANIFESTACIONES

Que les remito esta queja en mi calidad de ciudadano español a una de las Instituciones Centrales del Estado con la finalidad de poner en su conocimiento mi desagradable e injusta relación con la jurisdicción española. A continuación les expongo brevemente los puntos más importantes de esta.
QUÉ SE HACE LUEGO DE LA CAPTURA?

De entrada surge una confrontación normativa que merece detenernos a comentarla como quiera que parece entenderse una orden legislativa diferente cuando se trata de un capturado por orden de autoridad judicial y otra cuando se trata de flagrancia.

En efecto, el término para colocar al capturado a disposición del Fiscal luego de la captura por orden del juez, está consagrado en el inciso 2º del artículo 297:

“Capturada la persona será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad,
El fiscal cuenta con una opción de dejar en libertad si advierte que el eventual delito por el que se captura no amerita detención preventiva (art. 302-4) o cuando la captura la considere ilegal, caso en el cual debe imponer un compromiso juramentado al capturado de que comparecerá cuando sea llamado en caso de que se le formule la imputación
Si no lo deja en libertad, el fiscal debe llevar al capturado ante el juez de control de garantías para que se verifique la legalidad de la captura.
Antes de analizar la diligencia de control de legalidad de la aprehensión, ha surgido una discusión sobre si el acto unilateral del Fiscal de dejar en libertad cuando se trata de una captura que afecte la libertad o cuando el delito no amerita detención preventiva -únicamente por análisis del factor objetivo sin tocar lo relacionado con los fines de le medida de aseguramiento, dijo la Corte Constitucional C-591 de 2005-, debe llevarse a control de legalidad.
En principio se pensaba que por tratarse de un acto que en verdad afecta la libertad personal, así el Fiscal haya decidido dejar en libertad al capturado por el análisis posterior al acto de la captura, era necesario y obligatorio que fuera controlado por el juez de garantías quien finalmente es el encargado de verificar la constitucionalidad de todos los actos llevados a cabo en la investigación y que reporten alguna lesión o transgresión a los derechos constitucionales. Sin embargo tal discusión fue solucionada por la Corte Suprema en decisión (rad. 26.310) del 16 de mayo de 2007 a través de la cual señaló:
“Previo a abordar el examen concreto de lo ocurrido y sus efectos, estima pertinente la Corte pronunciarse acerca de la necesidad de que se lleve a cabo la audiencia de legalización de captura, cuando previamente el fiscal ha ordenado la libertad del aprehendido en seguimiento de lo dispuesto en el artículo 302, inciso cuarto, por estimar ilegal la captura o verificar, en un plano simplemente objetivo, como lo dejó sentado la Corte Constitucional cuando determinó la exequibilidad de la norma, que el delito no amerita medida de aseguramiento de detención preventiva.
“En este sentido, debe relevarse cómo el fiscal, para los efectos de la captura, también funge encargado de controlar garantías y derechos fundamentales, erigiéndose, en la práctica, en el primer filtro de legalidad de la aprehensión. Con la facultad expresa de ordenar la libertad del aprehendido, en el caso de verificar irregular la actividad del agente o particular que materializó la privación de libertad.
“Y si ello es así, razona la Corte, carece de sentido legal y práctico que se desgaste la administración de justicias, de suyo congestionada, con la realización de una audiencia inocua, por carecer de objeto.
“Es que, en un plano estrictamente legal, si al fiscal se le demanda presentar “al aprehendido inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, ante el juez de control de garantías para que este se pronuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad de la aprehensión….” , ello no tiene objeto cuando la dicha verificación, con su efecto trascendente de liberación, ya la hizo ese funcionario. Por sustracción de materia, no hay “aprehendido”-dado que ya no tiene esa condición quien fue dejado en libertad-, ni corre del resorte del fiscal “presentarlo”, cuando este ha recobrado todas sus facultades locomotivas y es propio de su voluntad atender o no al llamado que, debe anotarse se entenderá válido o por lo demás, no es función primordial del juez de control de garantías, ordenar que se investigue penal y disciplinariamente a quienes hubiesen incurrido en abusos o violentasen los derechos
del aprehendido. Y entonces, si ello ocurrió, los afectados tienen el camino expedito para presentar la correspondiente denuncia, sin que se justifique la diligencia en mención, sólo para que el juez de control de garantías haga pronunciamiento en tal sentido.ecesario para las otras audiencias, en especial la de formulación de imputación.
“Tampoco se determina necesaria la diligencia en aras de que el juez de control de garantías revise la legalidad de los elementos encontrados en poder del capturado, como quiera que, a continuación se verá, no es competencia suya hacerlo y la ley no habilita una diligencia para ese particular. Además, se agrega, en los casos en los cuales se faculta esa actividad de control, existe una audiencia preliminar específica –posterior al allanamiento e interceptaciones, para citar dos ejemplos-, que sirve de escenario específico para ese menester.
“En suma, si el efecto concreto de la determinación que hace el juez de control de garantías acerca de la legalidad o no de la captura es, en el segundo caso, ordenar la inmediata libertad del aprehendido, no tiene fundamento racional y práctico que se solicite y adelante la audiencia si ya previamente un dicho efecto se obtuvo con la intervención directa del fiscal, quien así actuó, controlando previamente la legalidad del acto material de aprehensión.”
No obstante lo anterior, con base en la expedición de la Ley 1142 de 2007 ha quedado zanjada cualquier la discusión, contrariando la posición de la Corte, como quiera que se dijo, para reformar el artículo 2º que: “en todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.”
AUDIENCIA DE CONTROL DE LEGALIDAD DE LA APREHENSIÓN
En esta diligencia, el Fiscal coloca al capturado a disposición del juez de control de garantías, quien en audiencia preliminar debe señalar los elementos materiales probatorios, la evidencia física y los informes con que cuenta para haber procedido en tal sentido.
El juez puede interrogar a los testigos, peritos o funcionarios y luego decide.
Inicialmente la Ley 906 contenía la expresión “de plano” para referirse a la decisión que se adoptara a consecuencia del control de legalidad de la aprehensión, lo que suscitó discusiones en torno a si admitía recursos, contrariando lo que como norma rectora ofrecía el artículo 20 cuando señalaba que todas las decisiones que atañen a la libertad del imputado o acusado serán posibles de apelar.
Con la expedición de la Ley 1142 de 2007 se resolvió la discusión al retirarse la expresión “de ‘plano”, además que se reformó el artículo 177 para señalar que en el efecto devolutivo se concede la apelación contra el auto que resuelve sobre la legalización de la captura.
De otra parte, es necesario advertir que considero que en esta diligencia es posible entrar a controvertirse los requisitos mínimos para declarar la legalidad de la aprehensión, y por ende hay un debate probatorio, eso sí siempre y cuando no desborde la demostración del grado m Esto para contraponerme a quienes critican la actividad de los jueces de garantías que así lo permiten, cuestionándolos por el hecho que consideran que están permitiendo el seguimiento de mini juicios, a los cuales no les veo inconveniente alguno siempre y cuando, insisto, se limiten a la discusión del grado mínimo de conocimiento en la audiencia pertinente. Esto como quiera que el proceso no es una secuencia de actos que atropellados busquen una verdad sea como sea, sino la suficiente ponderación y verificación de las labores que se espera desarrolle la policía judicial, la fiscalía y el juez, entre otros. íntimo de conocimiento.
Por ejemplo, en la audiencia de control de legalidad de la aprehensión, para declarar la legalidad de una captura, es perfectamente viable que se discuta si existió o no la flagrancia, para lo cual el defensor debe acudir a la controversia de los elementos materiales probatorios, evidencias o informes que lleve el fiscal. En estas condiciones, equivocado resultaría que no se le permitiera tal discusión, cuando lo que pretende mostrar es que no se produjo una captura en flagrancia y que, entonces, la captura no es legal.
Continuando, el juez declara que la captura se llevó con el rito y el procedimiento señalado en la Constitución y la ley, y por tanto la declara legal.
Si el fiscal no solicita la imposición de medida de aseguramiento seguidamente el capturado queda en libertad. Queda a discreción del fiscal solicitar al juez de control de garantías la formulación de la imputación o no.
LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
Indistintamente se habla de que es una medida excepcional, sea que prive o no de la libertad. Si se aplica debe ser: necesaria, adecuada, proporcional y razonable con los fines. Deben interpretarse restrictivamente las normas en ella contenidas.
Nada de eso se ha hecho en mi caso.
Yo he sido detenido y llevado a prisión directamente, dejando a mi mujer abandonada como un objeto sin valor alguno y dejándonos en la imposibilidad de comunicarnos.
El caso es que en el 2014 tuve un juicio por violencia de género donde me condenaron a 6 meses por amenazas sin ninguna clase de pruebas y a 10 por haberle dado una guantada en defensa propia.
Al final del juicio, la abogada que me pusieron de oficio me dijo que no valía la pena de recurrir, que como no tenía antecedentes y al ser la pena menor de dos años la cosa se quedaba así, efectivamente. Cuando fui a recoger la sentencia me dejaron en Libertad advirtiéndome que tenía orden de alejamiento de dos años, que si la quebrantaba iría directamente a prisión, a lo que yo les conteste que podían estar tranquilos que yo vivía en Francia y me veía mal hacer 1000 Km para venir a molestarla y otros tantos para regresar y me fui a Francia.
En ningún caso me dijeron que tenía que estar localizado ni me preguntaron mi domicilio.
Entre tanto conocí a una persona y rehíce mi vida con ella, me vine de Francia, y me instale definitivamente en España trayéndome mi jubilación, empadronándome, afiliándome a la seguridad social, y haciendo una vida normal, durante más de 3 años, como tenía una casa en Francia que había puesto en venta, todos los años viajaba dos o tres veces parándome en los
Hoteles con mi DNI y nunca paso nada.
Pero sorpresa el día 29 de octubre al regresar de Francia donde había estado dos meses para por fin vender la casa, me paro a descansar en un hotel a unos 100 Km antes de Madrid y me recoge la guardia civil y me anuncian que estaba en busca y captura por no estar localizado.
A partir de ese momento, paso la noche en un calabozo y a otro día me llevan al juzgado de Sepúlveda donde se presenta la letrada de oficio diciéndoles a los guardias civiles que la orden venia de Móstoles y que no podía hacer nada, que me llevaran a prisión y dirigiéndose a mí me dice, de todas maneras cuando se tiene una cuenta pendiente con la justicia tarde o temprano se paga, y me llevaron al CP de Segovia a pesar de mis casi 75 años y me han tenido más de dos meses y medio en la cárcel de Segovia, a pesar de que yo mande un recurso explicándole al juez y pidiéndole me conmutara la pena por una multa, fianza, etc., a la que me contesto a los dos meses denegándomelo todo, menos mal que mi pareja busco una abogada aquí en Motril que ha conseguido con todas las dificultades del mundo sacarme al cabo de más de dos meses y medio.
Según la abogada el fiscal había retirado todos los cargos y debía salir antes de navidades pero el señor juez a pesar de todo no firmo. Se fue tranquilamente de vacaciones, navidades y fin de año dejándome encerrado todas las fiestas.
Habiendo estado más de 50 años en el extranjero, y no habiendo nunca tenido el mínimo conflicto con la justicia ni aquí ni en los países donde he residido, confieso estar muy decepcionado con la justicia de mi propio país.
Estimo desproporcionado que habiendo estado más de 50 años fuera de mi país para conseguirme una jubilación decente y ahora que regreso a España para disfrutarla tranquilamente, mi propio país me pague metiéndome en la cárcel por un delito menor a los 75 años de edad.
Por todo eso deseo poner una denuncia contra X. Por abuso de poder y negligencia contra el juez o abogada de oficio. Pues mis pocos conocimientos de la ley no me permiten de saber quién ha cometido el error que ha permitido que me haya visto privado de libertad durante más de 75 días, pero es evidente que en el juzgado N°5 de lo penal de Móstoles alguien no ha hecho las cosas correctamente.
Pues me cuesta creer que por no saber dónde comunicarme la suspensión de la pena me hayan puesto en busca y captura, según me ha dicho la señora letrada. (Con los medios que existen hoy y teniendo en cuenta que mi abogada de oficio tenía mi número de móvil que no ha cambiado desde entonces).
Además me parece desproporcionado que habiendo estado viviendo libre durante mas tres años sin haber molestado ni haber quebrantado la orden de alejamiento de dos años que me pusieron, que ahora me la renueven y me impongan asistir a un curso de integración social a 80 Km de mi domicilio. Pues creo que queda bien claro que no tengo ni he tenido nunca la mínima intención de molestarla. Yo solo aspiro a vivir el poco tiempo que me queda en paz con la sociedad y conmigo mismo en el país que me vio nacer.
En espera de su contestación, les reitero mis más sinceras salutaciones.
David Morales Romero.
Quisiera saber como hacer para defenderme yo mismo.

Provincia de la consulta: Granada
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