Warning: Table './siptyuno_drpl2/accesslog' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/21002' OR uid > 0) AND sid = 'cfe0027abff88f30369b4d375c2ed110' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /home/siptyuno/public_html/includes/database.mysql.inc on line 128
LA SUSPENSIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES | abogae.com

LA SUSPENSIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

Como norma general, la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad está regulada con ciertas condiciones en los artículos 80 al 87 del Código penal español. Sin embargo y independientemente de lo establecido en los citados artículos, en algunos casos surgen la necesidad de suspender alguna resolución judicial cuya ejecución podría causar algún riesgo y/o afecta a bienes o derechos de imposible o muy difícil restitución a su estado anterior o algún derecho fundamental de terceros, ya que se trata de ponderación de los intereses generales de ejecutar lo juzgado y el interés de los derechos fundamentales amparados por la Constitución.

De acuerdo con la doctrina mantenida por el Tribunal Constitucional (AATC 17/1980, 57/1980, 257/1986, 249/1989, 294/1989, 141/1990, 35/1996, 287/1997, 185/1998, 86/1999 y 99/1999, entre otros) la suspensión se configura como una medida provisional de carácter excepcional y de aplicación restrictiva, dado el interés general en la efectividad de las decisiones de los poderes públicos, y, en particular, en la ejecución de las resoluciones judiciales, ya que, como se afirma en el ATC 143/1992, la aplicación del art. 56.1 LOTC “está presidida por la regla general de la no suspensión, pues así lo impone la protección que merece el interés general que conlleva la ejecución y efectividad de los actos y decisiones de los poderes públicos, amparados como están en la presunción de legalidad y veracidad. Este interés general posee especial relieve cuando se trata de resoluciones dictadas por Jueces y Tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que les confiere el art. 117.3 de la Constitución”.

La premisa de partida es, pues, que la interposición del recurso de amparo, como regla general, no suspende la ejecución de los actos recurridos, dada la presunción de legitimidad que alcanza a todas las actuaciones de los poderes públicos, presunción inherente a la entera actividad pública (legislativa, ejecutiva y judicial) que está presente, aunque implícita, en la Constitución, y a veces de forma explícita en el resto del Ordenamiento jurídico. Queda a salvo el supuesto expresamente previsto en la Ley Orgánica que regula las actuaciones del Tribunal Constitucional, y siempre que la suspensión no produzca las perturbaciones aludidas en el art. 56 de LOTC.

La suspensión es una medida cautelar que se apoya en el riesgo o certeza de que la ejecución ocasionará un perjuicio que hará perder al amparo su finalidad, dando a una eventual Sentencia favorable efectos meramente declarativos. La suspensión preventiva de la resolución, acto o disposición impugnados exige una delicada ponderación de los intereses generales y de los derechos fundamentales de terceros, cuya perturbación grave o lesión actúa como límite de la adopción de la medida cautelar, es el potencial perjudicado quien ha de justificar el eventual perjuicio.

En cambio procederá en principio acordar la suspensión si las resoluciones judiciales afectan a bienes o derechos del recurrente en amparo de imposible o muy difícil restitución a su estado anterior, como ocurre con las condenas a penas de privación de libertad, si bien este criterio general tampoco es absoluto, ya que en estos supuestos deben también ponderarse otras circunstancias relevantes, significativamente la duración y gravedad de la pena impuesta, porque, con ciertos matices, en ella se expresa la reprobación que el Ordenamiento asigna al hecho delictivo y, por consiguiente, la magnitud del interés general en su ejecución (AATC 136/1999, de 31 de mayo, FJ 1; 116/2000, de 5 de mayo, FJ 3; 230/2001, de 24 de julio, FJ 1; 273/2002, de 18 de diciembre, FJ 1 y 322/2003, de 13 de octubre, FJ 2, entre otros muchos).

Comentarios

enhorabuena Doctor Nour es muy interesante y gracias por sus respuesta sobre el mismo tema.

Excelente Dr Hanzal, facilidades

Añadir comentario

El contenido de este campo se mantiene privado y no se mostrará públicamente.
CAPTCHA
Esta pregunta se hace para comprobar que es usted una persona real e impedir el envío automatizado de mensajes.
6 + 4 =
Resuelva este simple problema matemático y escriba la solución; por ejemplo: Para 1+3, escriba 4.

Información del autor

Doctor en Derecho. Unv. de Valencia. Asunto Internacional. Extranjería....
valencia (Xativa)
32241 puntos