La Ley de Tasas favorece a las parejas no casadas frente a los matrimonios

La reciente Ley 10/2012 de regulación de Tasas en el Ámbito de la Administración de Justicia (Ley de Tasas) dispone, entre las exenciones objetivas de la tasa (artículo 4.1.a)) para la interposición de la demanda y ulteriores recursos, que no tendrán que pagar los que presenten procesos matrimoniales que versen EXCLUSIVAMENTE sobre la guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.
Llama la atención lo anterior porque, tras hablar de "procesos matrimoniales" sólo exime a los que traten de cuestiones en los que no se hable de la extinción del matrimonio por divorcio o para declarar la separación legal de los cónyuges.
Así, si una pareja, casada, con hijos, acude al Juzgado de Familia para disolver su matrimonio y regular las medidas para con los hijos (ya no digamos para liquidar el régimen económico matrimonial) tendrá que pagar la tasa. Al tratarse de un juicio verbal, 150 euros. La apelación 800 euros.
Ahora bien, una pareja no casada, con hijos, que acuda al Juzgado para regular esas mismas medidas, no tendrá que pagar tasa alguna.
¿Será esta una forma de tratar de mantener por todos los medios posibles el vínculo matrimonial? ¿Podrá llegar a darse el caso de que un matrimonio decida sólo regular las medidas respecto de sus hijos pero ni siquiera soliciten la extinción de su matrimonio o que se declare su separación? Eso también traería consecuencias, ya que la sociedad de gananciales se disuelve desde el momento de la declaración judicial de divorcio o de separación. Por consiguiente podría darse el supuesto de que los esposos, separados de hecho, siguieran vinculando con sus actividades los bienes que seguirían siendo comunes. Es kafkiano.
¿Quién me iba a decir a mí que reprocharía una Ley de los míos? Una Ley desproporcionada, que perjudica a la clase media, a aquella que no puede pedir justicia gratuita, o se sacrifica para poder elegir a su profesional de confianza. Al mismo tiempo, también perjudica a los abogados de la clase media. El Sr. Ministro habla de "corporativismo" y se olvida del Derecho a la Defensa que a todos asiste. Si a una persona cualquier pleito, sólo en tasas, se le pone en 1.100 euros si se le ocurre recurrir en apelación, se cuidará mucho de exigir la declaración de su derecho y la ejecución del mismo.
¿Qué será lo siguiente? ¿Primará a los notarios para que puedan casar, divorciar, mediar, ejercer la medicina, poner oficinas de farmacia?
Cosas veredes.

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