En España, la Ley Orgánica 7/1985, de 1 julio, sobre Derechos y ‎libertades de los Extranjeros, fue la primera Ley que reguló formalmente ‎los derechos y libertades de los extranjeros en España que fue ‎desarrollada reglamentariamente, en un principio, por el RD 1119/1986, ‎de 26 de mayo, y, luego, por el RD 155/1996, de 2 de febrero, así como ‎por el RD 766/1992, de 26 de junio, sobre la entrada y permanencia en ‎España de nacionales de Estados miembros de las Comunidades ‎Europeas, rectificado posteriormente por los Reales Decretos 737/1995, ‎de 5 de mayo y 1710/1997, de 14 de noviembre. Hasta aquel momento ‎no había ninguna norma específica y sistemáticamente que regula los ‎derechos de los extranjeros; solo existían normas reglamentarias ‎relativas al régimen de entrada, permanencia, trabajo y salida de los ‎extranjeros del territorio español.‎

La citada Ley Orgánica proporcionaba un especial tratamiento ‎preferencial a favor de los ciudadanos iberoamericanos, hijos y nietos ‎de español o española de origen, y los extranjeros nacidos en España ‎cuando pretendan realizar una actividad lucrativa, laboral o ‎profesional, por cuenta propia. (art. 47), para la concesión y ‎renovación del permiso de trabajo (Art. 18.1, f), así como cuando ‎pretendían realizar una actividad lucrativa, laboral o profesional ‎para trabajar en España sobre otros extranjeros conforme se ‎establecía el artículo 18.3, tampoco les obligaban al pago de las tasas ‎correspondientes por la expedición de permisos de trabajo. (art.23). ‎Dicha preferencia ha sido omitida en la vigente Ley Orgánica 4/2000, ‎de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en ‎España y su Integración Social que sustituyó la anterior Ley que ‎beneficiaba a los ciudadanos latinoamericanos sobre otras nacionales.‎

Sin embargo, El artículo 22 del Código Civil español, sigue manteniendo ‎sin cambio la ventaja establecida a favor de los iberoamericanos que ‎solicitan la nacionalidad española reduciendo el plazo de diez años de ‎residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud- ‎exigido al resto de los extranjeros que están en la misma situación- a ‎tan solo dos años. Dicha petición podrá ser denegada por motivos de ‎orden público (art. 20 del Código Civil). En la actualidad, los ‎ciudadanos iberoamericanos quedan igualados con los demás ‎extranjeros conforme a la actual Ley de extranjería, pese a la existencia ‎de convenios de doble nacionalidad, paz y amistad firmados por ‎España con gran parte del continente latino. Todo ello, sin perjuicio de ‎la previa tramitación inicial cuando pretenden residir o trabajar en ‎España. Evidentemente, en el vigente Código penal, dichos ‎ciudadanos no se benefician de excepción alguna salvo cuando existe ‎arraigo familiar o social en Espala a efecto de expulsión (art. 89.1 CP).‎

España y Bolivia reconocen al Derechos del Niño adoptada pactado ‎por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de noviembre ‎de 1989, en consecuencia ambos países firmaron un Acuerdo bilateral ‎en materia de adopciones, hecho en Madrid el 29 de octubre de 2001 ‎con el fin de el tratamiento y tramitación de las solicitudes dentro de ‎las normas legales bolivianas y españolas y la conceptualización de la ‎doctrina sobre la institución jurídica de la adopción legalmente ‎reconocida en ambos países.‎

El artículo primero del Convenio de 12 de octubre de 1961, ratificado ‎por Instrumento de 25 de enero de 1962 (BOE núm. 90, de 14 de abril de ‎‎1964) sobre la doble nacionalidad establece que “Los españoles y los ‎bolivianos podrán adquirir la nacionalidad boliviana o española, ‎respectivamente, en las condiciones y en la forma prevista por la ‎legislación en vigor en cada una de las Altas Partes contratantes, sin ‎perder por ello su anterior nacionalidad” pero este convenio no se ‎aplica de forma automática sino deberá ser inscrito en el Registro Civil ‎boliviano o español y posteriormente su comunicación a la embajada ‎respectiva de la otra parte a efecto de conservar la nacionalidad de ‎origen y gozar la plena condición jurídica de nacionales, en la forma ‎prevista en el Convenio y en las Leyes de ambos países, no obstante, ‎Los españoles en Bolivia y los bolivianos en España, que no estuviesen ‎acogidos a los beneficios del presente Convenio, continuarán ‎disfrutando de los derechos que les otorgan las legislaciones boliviana y ‎española, respectivamente. Dicho Convenio fue modificado por el ‎Protocolo Adicional que entró en vigor el 1 de febrero de 2002, ‎revisando determinadas disposiciones establecidas en el Convenio ‎considerando que es necesario adaptarlo a las nuevas situaciones que ‎se han producido en particular a lo dispuesto en el artículo 8 del ‎Convenio.‎

En la actualidad, y desde la entrada en vigor de la Constitución de ‎Bolivia, la Dirección General de los Registros y del Notariado española ‎no aplica el Convenio antes mencionado, en el sentido de no otorgar ‎la nacionalidad española a los hijos o hijas de uno de los padres o ‎ambos bolivianos nacidos en España aunque sean en situación regular ‎con autorización de residencia, extremo ese, indignó los inmigrantes ‎bolivianos en España. A criterio de la Dirección General de los Registros ‎del Notariado española, justificando su actuación en base a lo ‎establecido en el artículo 141.1 de la nueva Constitución boliviana en ‎cuyo tenor dice que“ La nacionalidad boliviana se adquiere por ‎nacimiento o por naturalización. Son bolivianas y bolivianos por ‎nacimiento, las personas nacidas en el territorio boliviano, con ‎excepción de las hijas y los hijos de personal extranjero en misión ‎diplomática; y las personas nacidas en el extranjero, de madre ‎boliviana o de padre boliviano”, a su consecuencia España se suprimió ‎tácitamente el mencionado Convenio unilateralmente para Bolivia a ‎partir del primero de abril de 2007.‎
En la misma situación se encuentra el Ecuador y Chele, teniendo ‎presente que el artículo 1º de la Convención de La Haya de 12 de abril ‎de 1930, relativo a los conflictos de nacionalidad, establece que ‎‎“corresponde a cada uno de los Estados determinar por medio de su ‎legislación quiénes son sus nacionales”, de todos los modos el conflicto ‎sobre la inaplicación del Convenio de doble nacionalidad tiene su ‎finalidad política más que jurídica.‎

Actualmente en España residen aproximadamente 350.000 bolivianos ‎entre ellos 300 en situación regular y el resto se encuentran ‎indocumentados y pueden ser expulsados del territorio español en ‎cualquier momento, de los cuales 1500 fueron detenidos el pasado ‎años.‎

Tanto la directiva de la Unión europea como el proyecto del ‎Reglamento de extranjería español que entrará en vigor el 1 del ‎próximo mes de julio de 2011, han sido rechazados por la Comunidad ‎Andina de Naciones y organismos de defensa de los derechos ‎humanos por –según manifestaron- que esconden una tendencia a ‎criminalizar la movilidad humana. Choque huanca[1], afirmó que “un ‎primer paso -dentro de la campaña contra la Directiva de retorno- fue ‎la carta enviada por el presidente Evo Morales a la Comisión Europea y ‎que provocó un debate, así como el apoyo de varias organizaciones ‎de emigrantes del continente Latinoamericano en los países europeos”.‎

Ante el rechazo de la Comunidad Boliviana en España a la Ley de ‎Retorno aprobada por el Parlamento español, la embajadora de ‎Bolivia en España, Carmen Almendras [2], apunta que, “las medidas ‎contra los inmigrantes ilegales se endurecieron y al mes hay ‎‎1.700 bolivianos detenidos en España por falta de documentos”.‎
El Gobierno español anunció que el plan para el regreso de ‎los inmigrantes legales a sus países entrará en vigencia en septiembre ‎pero los bolivianos estarán excluidos. España anunció iniciar un plan ‎de retorno voluntario de inmigrantes para los extranjeros desempleados ‎regresen a sus países de origen, los bolivianos no podrán beneficiarse ‎del citado plan por la ausencia de convenio de seguridad social entre ‎Bolivia y España.‎

Dr. Nour Hanzal
http://www.consultasjuridicas.co
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‎[1] Bolivianosenespana.com‎
‎[2] Ob ct.‎