Evaluación del Nuevo Código Procesal Penal dominicano tras cinco años de su promulgación

Evaluación del Nuevo Código Procesal Penal dominicano tras cinco años de su promulgación.

Mucho se ha hablado acerca del aumento de la delincuencia en la República Dominicana tras la promulgación del nuevo Código Procesal Penal dominicano en agosto del año 2007, sin embargo tal afirmación es más que falsa por los motivos que expreso a continuación.

Las debilidades del Sistema Penal dominicano no radica en el nuevo Código Procesal Penal, sino más bien en la forma de aplicarlo. En España, con 45 millones de habitantes y 20 veces mayor de nuestro país, tenemos el mismo Código Procesal Penal que el dominicano ya que, los ilustres miembros de la Comisión para la Reforma del Código Procesal Penal, hicieron una copia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal español funciona perfectamente con menos aparatosidad que la que se presenta en Dominicana, así, cuando hay una denuncia en la Guardia Civil o la Policía, estos sólo tienen que hacer una llamada telefónica al denunciado y este corriendo se presenta al cuartel de la Guardia Civil o a las dependencias de la Policía; si no se presentan, pues sale el coche a buscarlo; si no aparece se dicta una orden de búsqueda y captura no pudiendo salir de España.

Cuando el denunciado se presenta en el cuartel entonces se abre la investigación y se le leen sus derechos; se le pregunta si dispone de abogado, si no lo tiene entonces se llama al Colegio de Abogados para que éste comunique al abogado de oficio que está de guardia, una guardia de 24 horas para asistir al detenido. El abogado de oficio acude al cuartel y allí el detenido declara, o no, ya que tiene derecho a no declarar ante la Guardia Civil o la policía. Además, el detenido le explica todo su caso al abogado de oficio quien preparará su defensa pues al día siguiente, o ese mismo día si es antes de las tres de la tarde, se tiene que presentar ante el juez.

Por otro lado, cuando la persona es detenida dicha detención es comunicada al juez de guardia, ya que el juez de guardia tiene una guardia de una semana, una vez comunicada la detención al juez de guardia éste decide si mantener o no en prisión al detenido y ordena, o que le mantengan en prisión hasta que le lleven ante él al día siguiente, o decide dejarlo marchar a su casa y que se presente al otro día con su abogado.

Al otro día se abre la instrucción y el juez, junto al abogado del detenido, de oficio o particular, interroga al detenido y, le pasa las declaraciones al fiscal de guardia para que éste emita su opinión, (dictamen en Dominicana), la cual no liga al juez, y luego de dicha opinión el juez determina si el hecho es constitutivo de delito o de falta. Si es delito se abren las diligencias previas que es una investigación o instrucción posterior, pudiendo el juez dejar en libertad provisional, si el detenido no tiene antecedentes penales, o dejarlo en prisión si tiene alguna pena suspendida.

Si el juez determina que es una falta, se le celebra un juicio de faltas en el que al detenido se le impone una pena de multa o localización permanente, así como la correspondiente indemnización civil a la parte agraviada. Ahora bien ¿por qué en España, con cinco veces la población de Dominicana, funciona la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y no funciona en Dominicana el Código Procesal Penal? Y la respuesta es: Por la estructura del Sistema Penal Dominicano, y eso quiere decir muchas cosas.

Así, en España no existe el amiguismo, la llamadita telefónica del coronel, del general, del político, del juez de instancia superior. En España quien manda al juez es la Ley, no tiene superior jerárquico sino la Ley, así el juez de instruccion, el del juicio oral, el de Primera Instancia, el de la Audiencia, (Apelación en Dominicana), el del Tribunal Superior de Jusiticia (Suprema Corte Territorial o de una Comunidad), el del Tribunal Supremo, no tienen jefes.

A ningún juez lo puede llamar el Presidente, un diputado, un senador ni un militar y decirle: "Mira suelta a fulano porque es amigo mío o es amigo del Presidente", no, eso no funciona y si a alguien se le ocurriera, entonces el mismo juez o persona a la que se le pidiera ese favor, iría al juez de guardia e interpondría la correspondiente denuncia contra ese político abriéndose una instrucción contra el mismo. Eso es institucionalidad, eso es tener un Sistema Judicial sano, entonces, por ahí tenemos que empezar, por limpiar el Sistema Judicial y olvidarnos del amiguismo y hacer de la justicia lo que realmente tiene que ser, GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Luis Alberto Luciano Rosario,
Abogado del Colegio de Abogados de la República Dominicana
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, España.

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Especializado en Derecho de Familia.
sevilla (Sevilla)
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