Abuelos que no pueden ver a sus nietos ¿que hacer?

Vamos a tratar un tema que no por desconocido es menos sangrante. Se trata de aquellas situaciones a las que se ven abocadas unas personas que, en la fase final de sus vidas, después de haber sacrificado tiempo, salud y trabajo en la ingrata y dura labor de criar a los hijos, se ven privados de la que, en la mayoría de los casos, es su alegría y su mayor incentivo para seguir adelante, sus nietos.
Ciertamente, las personas mayores son los grandes olvidados de la sociedad. Existe una ingente cantidad de legislación para proteger a diferentes colectivos dentro de la sociedad, a saber, leyes de protección de la infancia, protección del trabajador, protección de las mujeres, y un largo etcétera. Sin embargo, son escasas las normas jurídicas que de una manera clara y decidida pasen a la protección de estas personas. Una creciente clase social que demanda cada vez más recursos y a la que se suele dejar olvidada en un rincón, en una institución o que va pasando de mano en mano, o de hijo en hijo, hasta la hora de su fallecimiento. Estas personas tienen necesidades de todo tipo, económicas, socio-sanitarias y, sobre todo, afectivas. Entiendo que muchas de las situaciones que sufren son formas de maltrato, que quedan ausentes de protección por parte de la legislación actual.

Todo el mundo es consciente y conocedor, porque quien más quien menos tiene un familiar, un amigo o un conocido divorciado o separado, de la obligación que existe por parte de los progenitores para con los hijos de mantenerlos, vestirlos, darles una educación, proporcionarles un techo y alimentarlos. En el caso de los padres separados o divorciados que no ejercen la custodia de sus hijos, se suele imponer una contribución a esas cargas de los hijos en forma de pensión de alimentos. Es decir, se les impone el abono de una determinada cantidad de dinero, por meses anticipados, para contribuir a ese tipo de gastos ordinarios de la vida de un hijo.
Lo que ya no es tan corriente es que el común de los mortales sepa que ese tipo de obligación legal de alimentos no sólo es de padres a hijos sino que va más allá y se extiende a otros parientes, afines o consanguíneos. El código civil, en su artículo 143, nos habla de quienes son los obligados a darse alimentos recíprocamente, y establece un orden de preferencia o prelación: 1º los cónyuges entre sí, 2º los ascendientes y los descendientes y, finalmente, hace mención a que los hermanos solo se deben los auxilios necesarios para la vida, con ciertas condiciones.

Aunque se trate de un secreto a voces, todos deberíamos ser conscientes de la situación por la que pasan ciertas personas al llegar a la que llaman "3ª edad". El abandono y la soledad hacen de este conjunto de personas un colectivo vulnerable y digno de protección jurídica. Deben ser las instituciones más cercanas, residencias de ancianos, centros de la 3ª edad, médicos de familia y enfermeros, quienes den la voz de alarma ante este tipo de situaciones porque son ellos el primer eslabón de la cadena para detectar y combatir los malos tratos, de todo tipo, que sufren las personas mayores.

Dentro de esas necesidades, que en determinados casos se transforman en carencias, unas de las más importantes son las afectivas. Sentirse querido, amado o escuchado es algo que toda persona, independientemente de la edad que tenga, anhela y desea. A medida que la vida transcurre y vamos cumpliendo años, la necesidad de afecto, comprensión y compañía se acrecienta, nos vamos sintiendo más vulnerables y necesitamos la protección del núcleo familiar que hemos ido creando a lo largo y ancho de nuestra vida. Ello no obstante, no en todas las familias se pueden dar ese tipo de protección. Como se suele decir, "en todas partes cuecen habas" y "no es oro todo lo que reluce". Quien más quien menos tiene conocimiento, o conoce de primera mano, el caso de algún anciano, o anciana en la mayor parte de los casos, que vive solo y que escasamente recibe las visitas de sus familiares.

Una de las situaciones más dramáticas y sangrantes que se cuecen en los juzgados, son aquellos pleitos o juicios que dirimen los derechos que tienen los abuelos a relacionarse con sus nietos, cuando lo correcto debería ser los derechos de los nietos a relacionarse con sus abuelos y/o familia extensa (paterna o materna). Los ejemplos típicos de esta situación son:

1.- aquellos casos en que las familias se rompen por un divorcio mal llevado y una de las partes decide restringir o limitar las visitas de la otra parte con los hijos comunes. Situación injusta no sólo para el hijo, sino para el progenitor y para toda la familia extensa por la parte de ese progenitor.

2.- De igual manera, se dan casos en los que es el propio hijo/a quien impide o cercena la relación de los nietos con los abuelos. Hijos que se llevan mal con los padres los ha habido siempre y siempre los habrá pero ello no es motivo para impedir que nuestros hijos puedan gozar del cariño y sabiduría que nos aportan nuestros mayores.

3.- Si bien, la guinda más amarga del pastel se la llevan aquellos casos en que uno de los progenitores fallece y es el progenitor superstite quien no consiente, o limita, que sus hijos tengan relación con la familia extensa de su difunto marido/pareja. La crueldad de este tipo de personas supera los límites de la razón pues las "víctimas" van a unir al sufrimiento de la pérdida de un ser querido la desgarradora experiencia de no poder ver o tratar con su nieto o que su nieto les rechace, víctima de una instrumentalizacion por parte del progenitor alienador.

También he de decir que se dan casos, los menos, en que son los abuelos solicitantes de visitas quienes se alían con la otra parte para hacer daño al propio hijo, por dirimir cuestiones, o rencillas personales, que nada tienen que ver con lo que se sustancia en el pleito principal.

La preocupación por la situación de los abuelos que no pueden ver a sus nietos, si bien no es actual, no ha tenido reflejo legislativo hasta fechas recientes y, sin duda, son los problemas de relación con los abuelos los que se han ido abriendo paso en primer lugar ante los Tribunales, con la pretensión de que se fije judicialmente un régimen de visitas ante los inconvenientes para que se cumpla el derecho del menor a relacionarse con sus parientes y allegados de conformidad con el art. 160, párrafo 2 del Código Civil. Dicho artículo establece de manera clara que, "No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados. En caso de oposición, el Juez, a petición del menor, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores".
De la lectura detenida de este artículo, y de otros muchos relacionados con menores de edad, se puede entender que los beneficiarios de dichas relaciones no son propiamente los abuelos, que si están legitimados para reclamar las visitas, sino los menores de edad, dado que toda legislación que les afecte, y aquellas decisiones legislativas y judiciales que les sean de aplicación, deben estar basadas en el principio del "interés superior del menor", y dicho interés del menor debe prevalecer frente a cualquier derecho, interés o expectativa de otras personas. Así nos lo impone la legislación nacional e internacional. La Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989 y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, recientemente modificada en ese sentido, lo establecen así.

No son pocas las ocasiones en que los tribunales de justicia se están pronunciando sobre el particular. Y he de decir que la inmensa mayoría de las resoluciones judiciales se pronuncian por la concesión de las visitas o periodos en que el menor podrá relacionarse con sus abuelos u otros familiares, aún con la expresa oposición de los progenitores de los menores. Ello no obstante, el artículo antes mencionado establece que para poder impedir dichas relaciones personales tendrá que existir "justa causa". Causa que, como no puede ser de otra manera, tendrían que valorar los tribunales dentro del procedimiento judicial.

¿Cómo se debe proceder ante un impedimento de contacto de este tipo?
Desde mi humilde punto de vista profesional, es necesario, y hasta cierto punto imprescindible, agotar la vía amistosa y extrajudicial, ya que los procedimientos judiciales son duros, largos, desagradables y no siempre se consigue lo que se pretende. Hay que decir que en este tipo de procedimientos existe la expresa condena en costas a la parte que vea rechazadas todas sus pretensiones. Es importante mencionar que dicha negociación debería plasmarse en un convenio regulador que, a imagen y semejanza de los que regulan las relaciones paternofiliales, tendría que ser validado ante el juzgado, con conocimiento del fiscal, para poder hacerlo valer en caso de incumplimiento por alguna de las partes. Ello aportaría seguridad jurídica y material al acuerdo firmado entre las partes.

De todos modos, los acuerdos no suelen ser lo habitual y, los más de los casos, hay que acudir al juzgado para dirimir, de forma contenciosa, aquello que no se ha podido acordar de manera amistosa. El procedimiento pasa por instar una demanda judicial, con abogado y procurador, en la que los abuelos van a demandar a ambos progenitores reclamando se les conceda un determinado régimen de visitas con su/sus nieto/s. Dicha demanda deberá ser contestada por la parte demandada dentro del plazo concedido al efecto. Una vez se lleve a cabo la tramitación del expediente judicial serían citados a una vista de juicio donde cada parte expondría sus argumentos a favor y en contra y el juzgado, con la participación del Ministerio Fiscal, tomaría una decisión al respecto. Como ya he mencionado, los jueces suelen conceder este tipo de régimen de visitas solicitado, salvo que exista motivación para no concederlo basándose en que dichas relaciones sean beneficiosas o no para el menor o los menores.

Lo que suele ocurrir bastante a menudo, es que dichas sentencias no se cumplan o sigan existiendo impedimentos para el contacto. Ni que decir queda que este tipo de sentencias son títulos judiciales ejecutivos y ejecutables. Por lo que, en caso de no cumplirse tal y como está estipulado, lo que cabría es exigir judicialmente su cumplimiento a través de un proceso de ejecución de sentencia. Aquí es donde cabría mencionar que dentro de dicho proceso ejecutivo se debería advertir a la parte incumplidora que, de seguir en su actitud, se podría estar ante la comisión de un delito de desobediencia a la autoridad e ir más allá de la (inútil) imposición de multas coercitivas.

Añadir comentario

El contenido de este campo se mantiene privado y no se mostrará públicamente.
CAPTCHA
Esta pregunta se hace para comprobar que es usted una persona real e impedir el envío automatizado de mensajes.
17 + 3 =
Resuelva este simple problema matemático y escriba la solución; por ejemplo: Para 1+3, escriba 4.

Información del autor

Abogado de Inmigración, Derecho penal, violencia de genero, Derecho de...
toledo (Seseña)
24518 puntos